Nunca se ha planteado que un proyecto de ley que contenga en su texto inicial algún planteamiento de dudosa constitucionalidad constituya por esa razón una reforma de la Constitución, tal como está pretendiendo ahora el PP ante el proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña.
Los proyectos que llegan a Las Cortes, son enmendados y modificados, a propuesta de los grupos parlamentarios, antes de someterse a su aprobación definitiva.
Pero además, siempre existe la garantía añadida del Tribunal Constitucional que es la máxima autoridad institucional para determinar si un texto legal incumple o no la Constitución.
De hecho, ha habido leyes aprobadas que, tras la presentación del oportuno recurso al Tribunal Constitucional, han sido declaradas inconstitucionales en algunos de sus apartados, que han quedado invalidados legal y jurídicamente tras la sentencia:
9 DE ESAS LEYES LAS APROBÓ EL GOBIERNO DEL PP.
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